Viviendas envenenadas urbanizan la Costa Mediterránea

Cuarenta y cinco años atrás, un 17 de enero de 1966, en la localidad almeriense y desértica de Palomares, un bombardero estratégico estadunidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo, colisionaron a 30.000 pies sobre la costa Mediterránea, perdiendo las cuatro confirmadas bombas termonucleares que transportaba el primero. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra y otra en mar. Las dos restantes cayeron cerca del pueblo esparciendo en la explosión 20 kilogramos de plutonio altamente radiactivo por los alrededores.

A veces las catástrofes ocurren porque errar es tanto de máquinas como de seres humanos. Pero el verdadero problema llega cuando una vez roto el jarrón se esconde la mano y se camuflan los restos debajo de la alfombra.

El plutonio-239, utilizado para las armas nucleares, acumulado en el organismo humano, aumenta de forma importante las posibilidades de padecer cáncer. Y sin embargo, no se han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos ni a nivel local ni entre los guardias civiles que participaron en la limpieza. La dictadura, bajo presión del Gobierno estadounidense, mantuvo secretos los informes de monitorización médica hasta que el gobierno socialista finalmente los desclasificó en 1986 revelando que aproximadamente el 29% de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radiactivo en su organismo.

Cuarenta y cinco años después, forzosamente alejado el incidente del debate público, las constructoras planean complejos urbanísticos sobre un suelo envenenado sobre el que nadie se atreve a aventurar, por desidia o por interés, qué pasará mañana.